El Diputado Paulo Emilio García González dijo en entrevista con “Café y Noticias” que el PAN se amparó contra las 14 medidas del bando único, las cuales buscan garantizar vivienda asequible y proteger barrios tradicionales frente al avance de la gentrificación.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México se amparó contra las medidas que implementó la Jefa de Gobierno Clara Brugada contra la gentrificación y para ello recurrió al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Ulises Oswaldo Rivera González que buscó privatizar parte del Bosque de Chapultepec, denunció en entrevista el Diputado local de Morena Paulo Emilio García González.
En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez, en el programa “Café y Noticias”, el legislador detalló que el PAN se amparó contra las 14 medidas del bando único, “que buscan que no aumenten las rentas en la Ciudad, que se pueda construir más vivienda social y que se pueda arraigar a la gente en sus comunidades para que no se les desplace”.
“Creo que es la manifestación de que estos grandes intereses de las inmobiliarias tienen representantes tanto en el Poder Judicial como en el Congreso. El PAN está actuando literalmente como una bancada inmobiliaria que responde a los intereses más bajos”.
Además, el diputado destacó que estos recursos legales provengan de los partidos políticos, porque dijo están financiando “a equipos que se dedican a litigar contra medidas que son de interés público y en beneficio de la ciudad”.
Una inmobiliaria buscó construir un complejo de departamentos de lujo en el Bosque de Chapultepec, específicamente en el predio Montes Apalaches 525, que abarca cuatro mil 830 metros cuadrados y mantiene en litigio con el Gobierno capitalino desde hace más de 30 años.
El conflicto comenzó en 1992, cuando el entonces Departamento del Distrito Federal, bajo la administración de Manuel Camacho Solís, expropió 85 hectáreas de la Tercera Sección de Chapultepec para preservarlas como Área de Valor Ambiental.
La disputa legal ha sido larga y recientemente cobró relevancia luego de que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Ulises Oswaldo Rivera González, ordenó al Congreso local modificar el uso de suelo del predio, contrario a la declaratoria de área natural protegida.
En respuesta, el Congreso de la Ciudad de México rechazó por unanimidad el cambio el pasado 9 de abril.
Ahora el PAN ha recurrido a ese mismo juez para frenar las medidas contra la gentrificación que la Jefa de Gobierno Clara Brugada anunció el pasado 16 de julio para convertir la CdMx en una urbe asequible y habitable para todos y todas.
“Son los intereses económicos amalgamados al poder político y judicial y es lamentable que Acción Nacional permita que su bancada se convierta en una representación del interés inmobiliario”, añadió.
Finalizó diciendo que es absurdo que los representantes del Cártel inmobiliario en el Congreso “tienen mucha devoción por la legalidad y el Estado de derechos. Es la pantomima de siempre de la derecha, que disfraza de un miedo, a que se corrompa el Estado, con cosas que buscan intereses detrás para descarrilar medidas que son en beneficio de la Ciudad de México”.
