En pleno discurso de austeridad y con una nueva integración en la SCJN, una serie de compras de fin de año reavivaron cuestionamientos sobre opacidad, prioridades y coherencia institucional.
Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El discurso de la austeridad volvió a chocar con la realidad del gasto público en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que en días pasados se diera a conocer la adquisición de camionetas blindadas que los miembros del máximo tribunal de justicia del país se vieron obligados a devolver.
Sin embargo, no se trata de un episodio aislado. De acuerdo con la especialista en combate a la corrupción, Muna Dora Buchahín, en solo 15 días de diciembre de 2025 la Corte habría ejercido 800 millones de pesos en adquisiciones realizadas bajo un esquema de opacidad y adjudicaciones directas, lo que, advirtió, enciende “todas las banderas rojas”.
"No considero que los ministros del pueblo tengan que estar en carros de esa naturaleza. Pero yo no me quiero quedar en los carros. Más allá de esto, no se queda solo en las camionetas. Quiero abundar. Fueron 800 millones de pesos de gasto en diciembre del 2025 en un lapso de 15 días. 800 millones de pesos en los que se compraron, según la información", dijo Buchahín en el programa PODEROSOS, el cual se transmite todos los miércoles en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
Muna Dora señaló que sorprenden este tipos de situaciones en una institución, que se supone, fue reformada para terminar de raíz con los lujos y privilegios que tenía. “No me sorprendió mucho, lo que sí me sorprende es el entorno en el que se dan este tipo de adquisiciones, justo cuando hay una renovación institucional que se supone llegaba para mejorar las cosas”.
La auditora forense señaló que el caso de las camionetas blindadas que recientemente colocaron a la Corte en el centro de la polémica va mas allá, pues también se realizaron otros gastos como la adquisición de autos e inclusive se destinó una parte del presupuesto en fiestas de fin de año. La experta subrayó que el problema de fondo es la falta de transparencia.
“Todo está oculto, no hay papeles, se escondió todo. No puede haber un gobierno que intente combatir la corrupción desde la opacidad y el ocultamiento”, afirmó. Para Buchahín, si en apenas dos semanas se ejercieron 800 millones de pesos, es indispensable conocer cómo, por qué y bajo qué procedimientos se realizaron esas compras.
Según la información que ha logrado recabar, el gasto incluyó minisplits, camionetas, más de 400 automóviles, además de convivios de fin de año. “Estamos hablando de un millón 200 mil pesos en fiesta de fin de año y de 40 millones de pesos para convivios”, detalló. Todo ello, insistió, mediante adjudicaciones directas, presuntamente ligadas a una agencia ubicada en Chihuahua. “¿Cómo se llevó a cabo la compra?, ¿cuáles fueron las etapas?, ¿a quiénes invitaron?, ¿quién generó esa necesidad?”, cuestionó.
Buchahín remarcó que este tipo de gastos resultan especialmente delicados por el momento en que se realizan. “Las compras de diciembre, para quienes investigamos esquemas de fraude y corrupción, son de alto riesgo. Lo primero que vemos son banderas rojas”, advirtió. Y recordó que los ministros cuentan con salarios elevados: “Tienen buen sueldo, un sueldo digno. Estamos en austeridad y hay que ir quitándonos esas prácticas que no son adecuadas”.
Por su parte, el periodista Obed Rosas contextualizó que la austeridad se convirtió en política de Estado desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 y que hoy es incluso un mandato constitucional, establecido en el artículo 134. Ese principio, añadió, también fue retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación y fue una de las promesas de la nueva integración de la SCJN.
Rosas recordó que la reciente adquisición de vehículos blindados, realizada sin socializar la información, obligó a los ministros a renunciar públicamente a ese tipo de unidades, dejando en evidencia la contradicción entre el discurso y la práctica.
"Hoy, nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva integración electa popularmente vuelve a estar en el foco de la atención por la adquisición de vehículos blindados que implicaron un gasto millonario, el cual no fue socializado y que les valió renunciar a este tipo de vehículos".
Para Muna Dora Buchahín, el episodio es más profundo que un error administrativo. “Me parece que nos quieren tomar el pelo y que nos equivocamos los ciudadanos que creímos que todo cambiaría”, sentenció. Y concluyó con una advertencia: “Hay torpeza y hay astucia de alguien, pero para que haya astucia de alguien, también hay complicidad de otros”.
