Los jueces y magistrados elegidos por voto popular cubrirán sólo la mitad de los órganos jurisdiccionales federales, el resto serán aún del ‘viejo sistema’; cada mes ingresan 200 mil nuevos casos al Poder Judicial Federal, la mayoría de materia civil.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- Con el respaldo del voto popular, 881 personas juzgadoras rinden protesta este 1 de septiembre y tienen ante sí un reto mayor: desterrar viejas prácticas corruptas y democratizar la impartición de justicia. Todo esto ahora bajo principios de austeridad.
La misión incluye resolver cientos de casos pendientes y hacer tangible una mejora en contraste con el “viejo sistema”, del que seis de cada 10 tiene una percepción de corrupción, y que no se ha ido del todo.
Este año sólo se renovó la mitad de las plazas de jueces y magistrados federales. La otra mitad será votada en 2027. Del mismo modo, la elección de jueces locales se limitó este año a 19 estados.
Esta composición “mixta” y otros factores, dijo a SinEmbargo la abogada y analista Vanessa Romero Rocha, hará necesario un análisis minucioso, “granular” y “metódico”, para determinar si la Reforma Judicial está cumpliendo su cometido.
Lujos entre pendientes
Hasta el 25 de agosto de este año el sistema de indicadores de la Suprema Corte arrojó el dato de mil 440 asuntos pendientes de resolver. De ellos, 207 eran acciones de inconstitucionalidad; 284 controversias constitucionales; 23 casos de amparo directo; 316 de amparo directo en revisión y 60 de ejercicio de la facultad de atracción, entre otros.
Entre los asuntos más llamativos que no quiso resolver la Corte presidida por Norma Piña, y que ahora le tocará resolver a la Corte elegida con el voto ciudadano, está el de los amparos promovidos por Ricardo Salinas Pliego y sus empresas para evitar el pago de impuestos, deudas fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) calcula en 74 mil millones de pesos.
También quedó pendiente que la Corte discutiera el tema de la prisión preventiva oficiosa, que activistas e instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusan que va en contra de la presunción de inocencia.
Con la reforma de justicia impulsada por Morena se pasó de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte, y se eliminaron la primera y segunda salas. Ahora todo se resolverá en el pleno. Tres de las ministras, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, fueron confirmadas en su cargo el 1 de junio y en su caso se cumplirá el periodo de 15 años por el que fueron elegidas inicialmente.
Hugo Aguilar Ortiz, de 52 años, presidirá la SCJN ya que fue el candidato que tuvo más votos en la elección judicial. El abogado especializado en derechos de los Pueblos Indígenas ha mencionado en diferentes entrevistas su objetivo de avanzar en la ruta de la austeridad, terminar con privilegios y reducir los salarios de los integrantes de la Suprema Corte, que este año recibió un presupuesto de 5 mil 200 millones de pesos. Cinco veces más de lo que recibía el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), ahora extinto.
De acuerdo con datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2024 la remuneración mensual neta de la ministra Norma Piña fue de 206 mil 947 pesos, con un aguinaldo neto de 381 mil 989 pesos. Para 2025, luego de las críticas por sus altos salarios, la Corte de Piña redujo la remuneración mensual de ministros a 137 mil 131 pesos, con un aguinaldo de 246 mil 364 pesos.
A pesar de la reducción, el monto aún superó la remuneración mensual neta de la presidenta Claudia Sheinbaum, de 134 mil 062 pesos. La ministra Lenia Batres, que por cuenta propia decidió devolver a la Tesorería parte de su salario, acusó recientemente que los ministros salientes habían aprobado para 2026 un anteproyecto con salarios que van contra del Artículo 127 constitucional, que estipula que “Ninguna remuneración será superior a la que perciba el Presidente de la República. Ningún servidor público podrá percibir una remuneración mayor a la establecida para su superior jerárquico”.
Batres también rechazó el anteproyecto porque consideró un aumento de 8.1 por ciento en términos reales para el presupuesto de la Corte, con un total de 5 mil 870 millones de pesos, e incluía una tarjeta de 65 mil pesos mensuales como apoyo para alimentos de ministros, además de recursos para el arrendamiento de vehículos.
“Esperemos que el nuevo Poder Judicial que ingrese en septiembre asuma una política de racionalidad, austeridad”, expresó Batres.
SinEmbargo documentó que la Suprema Corte saliente gastó millones en contratos para torneos de boliche, fútbol, talleres de yoga, baile, pintura, servicio de estacionamiento y renta de vehículos. A funcionarios judiciales el erario les pagó lentes, ropa, viáticos y traslados.
El “órgano madre” que controlará el presupuesto judicial
La abogada Vanessa Romero subrayó la importancia de la conformación del nuevo Órgano de Administración Judicial, que de acuerdo con la Reforma Judicial será el encargado del nuevo sistema de carrera judicial, la Defensoría Pública y las evaluaciones de desempeño, pero también de definir el presupuesto del Poder Judicial Federal.
“Es lo que yo llamo el órgano madre. Es el órgano más importante en todo el Poder Judicial de la Federación. Este órgano lo que hará es controlar absolutamente todos los dineros, inclusive la aplicación de las sanciones”, dijo Romero.
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, el Pleno del órgano de administración judicial se integrará por cinco personas que durarán en su encargo seis años. Uno de sus integrantes será designado por el Poder Ejecutivo; uno por el Senado de la República mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y tres por el Pleno de la SCJN, con mayoría de seis votos.
“Uno de los elementos que se acordarán en los primeros días por parte de este Órgano de Administración Judicial, o así debería ser, es que no determinen los ministros su propio presupuesto, sino que lo determine el Órgano de Administración Judicial, que lo mande a Hacienda, y en ese presupuesto deberíamos, en congruencia, ver un recorte presupuestal importante.
“Nada de lujos, nada de fideicomisos, nada de ganar más que el presidente”, consideró la abogada que formó parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para definir candidatos judiciales.
Corrupción y nepotismo, vicios qué erradicar
Además de acabar con los lujos en sus altas esferas, el nuevo Poder Judicial federal tendrá el reto de actuar contra la corrupción y el nepotismo.
El propio Consejo de la Judicatura Federal reconoció que en 2024 el 37.4 por ciento de funcionarios y funcionarias en sus órganos jurisdiccionales tenía al menos un familiar también en activo en el Poder Judicial federal.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, un 64.6 por ciento de la población tenía en 2024 la percepción de que los jueces del país son corruptos, sólo por debajo de los policías de tránsito, que tuvieron 72 por ciento.
En varios momentos la prensa ha reportado casos de corrupción y el contubernio de jueces a favor de personajes poderosos o del crimen, emitiendo resoluciones a su favor.
Pero aún con esos antecedentes, entre 2021 y 2024 el Poder Judicial Federal sólo informó sobre la inhabilitación temporal de 70 de sus funcionarios, por cometer actos irregulares o ilegales, y sólo 39 destituciones del cargo, dejando la mayoría de los casos en amonestaciones.
En 2024, por ejemplo, la Contraloría del Poder Judicial, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y la Visitaduría de la Judicatura Federal recibieron 4 mil 582 denuncias por actos irregulares, pero de ellas, sólo el 13 por ciento se consideraron procedentes.
De ese modo, a fin de cuentas en ese año sólo se sancionó a 278 funcionarios. En 13 casos se aplicó inhabilitación, y en 6 destitución del puesto. La mitad de las sanciones se quedaron en amonestación, pública o privada.
“Los mecanismos que ellos tenían para controlarse, para revisarse, auditarse y sancionarse, no servían. Las sanciones impuestas a jueces fueron menores, fueron mínimas”, criticó Vanessa Romero.
Con la reforma de justicia, ahora el proceso de investigación y sanción a personas juzgadoras que incurran en corrupción u otras faltas estará a cargo del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por Celia Maya, Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Bátiz, Indira García Pérez y Rufino H. León Tovar.
“Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada.
El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley”, refiere la reforma aprobada.
Nuevos jueces y magistrados y otros del ‘viejo sistema’
La ciudadanía votó para renovar la Suprema Corte pero también para elegir a 386 jueces de distrito, y a 464 magistradas y magistrados. Esto es, 850 nuevos juzgadores.
En la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aprobada en el Congreso por la mayoría morenista se estableció que en 2025 sería elegida la mitad de jueces y magistrados federales, y la otra mitad en la elección de 2027.
En septiembre de 2024, cuando se aprobó la Reforma Judicial, se tenía un total de 752 juezas y jueces federales en funciones, y 833 magistradas y magistrados.
Ya para julio de 2025, con un sector del Poder Judicial inconforme con la elección y que renunció a su puesto, la cifra bajó a 683 jueces titulares y 555 magistradas y magistrados. Cuando se aparta un titular, entra en suplencia temporal un secretario o secretaria.
Así, según apuntó el Consejo de la Judicatura, “al 30 de junio de 2025, se encontraban en funciones de titulares de órganos jurisdiccionales un total de 444 personas secretarias, de los cuales 377 (84.9 por ciento) fungían como magistradas y magistrados, mientras que 67 (15.1 por ciento) lo hacían como juezas o jueces”.
La abogada Vanessa Romero comentó a SinEmbargo que habrá una “curva de aprendizaje” para las y los nuevos jueces y magistrados que rinden protesta este 1 de septiembre, lo que sumado al cúmulo de renuncias previas, anticipa que al menos en ese nivel la mejoría no será inmediata.
“Hay muchos elementos que nos permiten inferir que durante los siguientes años no será mejor la impartición de justicia. Y yo creo que en ese sentido deberíamos poner mucha atención en otras reformas necesarias, digamos, secundarias a la reforma judicial, como la implementación de la nueva escuela judicial”, apuntó Romero.
“Es justo ahora la oportunidad en donde el Estado mexicano puede hacer un buen esfuerzo en la nueva escuela judicial que, digamos, homologue la preparación de los juzgadores y por supuesto que tomará tiempo. Yo soy optimista considerando que Morena sabe los costos de la elección judicial, que los costos del funcionamiento del aparato jurisdiccional a partir de ahora son suyos… si para alguien es interesante, para alguien es útil, funcional, ajustar las tuercas que andan sueltas, es para Morena”.
En 2025 el sistema de justicia federal opera con 429 juzgados de distrito, 260 tribunales colegiados de circuito, 133 tribunales laborales federales y 1 centro nacional de justicia especializado, entre otras instancias para completar un total de 936 órganos jurisdiccionales. El 19 por ciento tiene su sede en la Ciudad de México.
Cada año ingresan 200 mil nuevos casos
La nueva integración del sistema de personas juzgadoras seguirá teniendo el reto de la carga laboral. De noviembre de 2024 a mayo de 2025, jueces federales y magistrados resolvieron 1 millón 923 mil 028 casos, pero aún había un rezago de más de 771 mil expedientes.
En promedio, cada mes ingresan 211 mil nuevos expedientes o casos, el 75 por ciento para jueces y juezas de distrito, según los datos de la Dirección General de Estadística Judicial de la Judicatura.
“En cuanto a la conformación de los ingresos por materia, 206 mil 300 (10.37 por ciento) correspondieron a la penal; 309 mil 961 (15.58 por ciento) a la materia administrativa, 1 millón 222 mil 910 (61.49 por ciento) a la materia civil y 249 mil 711 (12.56 por ciento) refieren a la materia de trabajo”, refirió el Consejo de la Judicatura sobre el periodo de noviembre de 2024 a mayo de 2025.
En mayo pasado, en medio del debate por la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura señaló que respecto a 2017 el ingreso de nuevos asuntos para la justicia federal había aumentado 86 por ciento.
Con ese nivel de carga de trabajo, el Consejo calculó que en promedio un juzgado de distrito tardó 628 días en resolver un proceso penal federal, y 227 uno civil administrativo. Un amparo indirecto, 111 días. Un Tribunal Colegiado de Circuito, en tanto, tardó en promedio 275 días para emitir una resolución sobre un amparo directo.
“Los datos duros que hoy sabemos es que tenemos un país con arriba del 90 por ciento de impunidad. Entonces, digamos, ese número acaso no es tan difícil modificarlo porque es altísimo, ¿no? Pero deberíamos tener otras métricas. La más evidente y la más importante, en cuánto tiempo le vamos a resolver a la gente sus procedimientos jurisdiccionales”, opinó Vanessa Romero.
“Hay que tomar en consideración que los tiempos de resolución de los asuntos, pues no sólo están ligados a la propia voluntad del juzgador, sino a los recursos financieros, materiales y humanos que tiene a su disposición. Nuestro aparato de justicia no sólo funciona con juzgadores, funciona con policías, funciona con ministerios públicos, funciona con fiscalías, órganos que no hemos tocado”, agregó.
“Hay muchos factores dentro de la ecuación como para que veamos una modificación positiva sólo por la elección judicial”.
