La denuncia de censura se dio luego de que el posicionamiento de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y de varios sistemas estatales fuera retirado de redes sociales por presiones internas.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y, por ende, del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, denunció presiones internas y actos de censura luego de que, junto con representantes de diversos Comités de Participación Ciudadana estatales emitieran un posicionamiento donde piden una investigación a profundidad sobre las discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del Senador morenista Adán Augusto López Hernández.
Fue en su cuenta de X donde Pérez Morales reveló las presiones y el acoso por parte de una consejera del propio órgano –de la cual no dio nombre, ni mayores detalles– para retirar de las redes sociales un posicionamiento en el que instan a varias instancias federales y competentes atender el caso. Las presiones las calificó como un acto de censura.
“Ciudadanos representantes de diversos Comités de Participación Ciudadana y yo lanzamos esta mañana este comunicado, fruto del trabajo colectivo por la integridad pública. Queremos una investigación a profundidad por las discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del Senador Adán Augusto. Pero, ante presiones de una consejera del Comité CPC y acoso al equipo de apoyo, se ordenó bajarlo de las redes. Como mexicana que lucha por la integridad en mi país, rechazo la censura”, escribió la funcionaria en su cuenta, en la que adjuntó el posicionamiento que habría generado las presiones.
Ciudadanos representantes de diversos Comités de Participación Ciudadana, y yo, lanzamos esta mañana este comunicado; fruto del trabajo colectivo por la integridad pública. Queremos una investigación a profundidad por las discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del… pic.twitter.com/1I5j1LAoy9
— Vania Pérez Morales (@vaniadelbien) October 20, 2025
En el documento en mención precisa que, ante los señalamientos difundidos recientemente sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés relacionados con el Senador Adán Augusto López Hernández, es necesario que las autoridades competentes aclaren sin ambigüedades cualquier duda razonable y garanticen la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El comunicado colectivo fue firmado por Vania Pérez Morales; Laura Elisa Morales, presidenta del Sistema Anticorrupción de Puebla; Guadalupe Huachin, también del Sistema Anticorrupción de Puebla; y Keops Gibrán Torre, consejero del Sistema Local Anticorrupción de Durango. Fue respaldado por diversos Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del propio Sistema Nacional Anticorrupción.
Asimismo, en el posicionamiento, aclararon, “no prejuzga sobre los hechos, sino que responde a la existencia de señalamientos que ameritan verificación oficial, pronta y documentada”. Además, hicieron un llamado a las instancias correspondientes del Senado y del Sistema Nacional Anticorrupción a actuar conforme a sus atribuciones para asegurar la transparencia y el cumplimiento del deber público.
Que paso?, miedo, regaño o que fue lo que les dijeron para que lo borrarán pic.twitter.com/hfI3UaLmPe
— Unknow (@disculpamepero) October 21, 2025
Dicho comunicado fue firmado luego de que la Diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó 37 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Adán Augusto López por presuntas irregularidades, durante su gestión Gobernador de Tabasco, que suman un total del por un monto de 700 millones de pesos.
"Son treinta y siete denuncias de auditorías practicadas al Gobierno del estado de Tabasco en los años 2019 y 2020, por un quebranto, por un monto de casi 700 millones de pesos", dijo ante los medios de comunicación, además de acusar que presentó la denuncia por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) protege al Senador, ya que la auditoría fue presentada el 20 de febrero de 2021.
Por su parte, el diario español El País señaló que, tras un análisis de las declaraciones patrimoniales del legislador, se observó una diferencia de 30 millones de pesos en cuanto a los bienes muebles, vehículos, terrenos y casas por un valor de 34 millones de pesos que reportó desde que llegó al Gobierno de Tabasco en 2019, mientras que cinco años más tarde, siendo Senador, sus propiedades se limitaron a dos terrenos por valor de 3.5 millones de pesos.
Además, López Hernández declaró poseer 10 millones de pesos distribuidos en mobiliario de casa por un valor de dos millones, casi ocho millones en monedas y metales (“Centenarios, Onzas Troy, Moneda Nacional, Divisas y Otros”), y el restante en joyas, así como tres vehículos —dos camionetas; Chevrolet Suburban y Toyota Highlander y un Volkswagen Jetta— que suman 1.4 millones de pesos y 12 propiedades, siete de ellas por un valor de 20 millones de pesos, a su nombre o el de su esposa, Dea Isabel Extrada, y otras cinco (2.4 millones en total) como propiedad de “dependientes” de López Hernández, quien sumó un total de 21.7 millones de pesos en propiedades.
Posteriormente, siendo candidato de Morena a la Presidencia de la República, sólo reportó contar con una vivienda de 8.3 millones de pesos y un terreno rústico de un millón. Luego, en su declaración como Senador, todo esto se redujo a dos terrenos recibidos en herencia en septiembre de 2024, que suman un total de 3.5 millones de pesos.
Por otro lado, en una conferencia de prensa que ofreció el 26 de septiembre, Adán Augusto López negó haber ocultado en sus declaraciones patrimoniales ingresos que le hicieron empresas privadas por 79 millones de pesos en 2023 y 2024, como lo reportó el noticiero de Televisa, pero al hacerlo presentó cifras contradictorias y que no aparecen en sus declaraciones disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), constató la Unidad de Datos de SinEmbargo.
El Senador dijo que además de sus ingresos como funcionario público tuvo otros como prestador de servicios legales, y que sí recibió 78 millones de pesos de las empresas GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo, aunque insistió en que no hubo algo ilegal y en que esos ingresos sí cuadran con sus declaraciones ante el SAT y con sus declaraciones ante la Contraloría del Senado.
Según lo dicho por el legislador, en 2023 tuvo ingresos por 22 millones 626 mil 398 pesos, y en 2024 por 24 millones 539 mil 998 pesos. Esto sumó 47 millones 166 mil pesos, lo cual se quedó corto en 31 millones respecto a los 78 millones que aceptó haber recibido de las empresas.
"Yo dije que en el 24 tenía 50 y tantos (de ingresos), y que en el 23 tuve 26 millones de pesos, si suman, da la cantidad de los 78 millones de pesos que es lo que yo declaré como ingresos al SAT", afirmó el Senador morenista en una primera contradicción, porque antes dijo que en 2024 había tenido ingresos por 24 millones, no 50 millones.
“En mi declaración inicial (13 de octubre de 2024), coincide totalmente con la declaración que presenté al SAT y con los pagos que se hicieron, ahí consta que los ingresos durante el 2023, más allá de mis ingresos como funcionario público fueron del orden de los 23-24 millones de pesos, posteriormente, en la modificación que presenté en mayo de este año, que corresponde a los ingresos o a la situación patrimonial de 2024, ahí consta que tuve ingresos acumulados por el orden más o menos de 56 millones de pesos”, mencionó después.
No obstante, luego de una revisión de sus declaraciones patrimoniales llevada a cabo por la Unidad de Datos de SinEmbargo, las cifras contradijeron a López Hernández, quien recalcó en la conferencia que toda la información, incluso sobre pagos de privados, era pública y por lo tanto estaría disponible para su consulta, pero su dicho fue falso.
En la declaración 2956 con fecha del 13 de octubre del 2024, sólo reportó sus ingresos como funcionario público, ya como Senador, no de parte de empresas privadas, y ahí la cifra fue de 131 mil 874 pesos netos. Si se considera que es una cifra mensual, en todo el año alcanzaría 1 millón 582 mil pesos.
Mientras que en una siguiente declaración, la 29567 presentada el 17 de mayo de 2025, reportó ingresos netos por su cargo público de 625 mil 793 pesos. En todo el año serían 7.5 millones de pesos. Aquí de nueva cuenta sólo aparecieron sus ingresos como funcionario, y no se registraron montos que le dieron empresas privadas.
