Las reformas constitucionales impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la soberanía energética y fiscal del país encendieron las alarmas de corporativos estadounidenses, que acusan a México de cerrar espacios a la inversión privada y de aplicar medidas “agresivas” en materia tributaria.
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Las reformas constitucionales promovidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la rectoría del Estado en áreas estratégicas como la electricidad y los hidrocarburos, para consolidar las empresas públicas, así como el decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador que eliminó la condonación discrecional de impuestos a las grandes corporaciones empresariales, son ahora motivo de discordia con los grandes corporativos estadounidenses que pretenden usarlas como argumento contra nuestro país en la renegociación del Tratado Comercial con Estados Unidos (EU) y Canadá.
En el cierre de octubre hubo pronunciamientos de poderosas organizaciones de empresarios estadounidenses que anticiparon sus objeciones contra las leyes que obstaculizan su discrecional operación en nuestro país y pretenderían que México se mostrara más flexible frente a sus intereses en la renegociación del tratado comercial que se llevará a cabo en 2026.
La Presidenta Sheinbaum Pardo ha promovido, durante su primer año de gobierno 53 reformas constitucionales, entre ellas algunas a los artículos 25, 27 y 28, que fortalecen la rectoría del Estado mexicano en áreas estratégicas y sobre los bienes que son propiedad de la nación y patrimonio de todos los mexicanos. También les incomoda la reforma que cambió de fondo a un Poder Judicial ahora electo directamente por el pueblo, en relevo de una administración de justicia que estuvo siempre al servicio de los poderosos.
¿POLÍTICA AGRESIVA?
Acostumbrados a evadir impuestos, obtener condonaciones o condiciones excepcionales de beneficios en el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales en nuestro país, los empresarios estadounidenses ya empezaron a presionar a su gobierno y al de México, en el preámbulo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. La principal organización de la iniciativa privada de Estados Unidos, la US Chamber of Commerce, se quejó de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de nuestro país ha incrementado lo que juzga, son prácticas agresivas y opacas que vulneran el tratado de comercio de América del Norte (T-MEC), publicó el pasado jueves 30 de octubre de 2025 el periódico Reforma, de la Ciudad de México.
Refiere el periódico capitalino que en un documento presentado en el marco de las consultas públicas sobre el T-MEC abiertas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la Cámara de Comercio estadounidense señaló que las acciones del SAT violan principios de no discriminación, predictibilidad y transparencia contenidos en el Capítulo 14 del acuerdo comercial firmado por Canadá, Estados Unidos y México.
“Las prácticas agresivas e inconsistentes del Servicio de Administración Tributaria en materia tributaria, que incluyen auditorías excesivas, la denegación de deducciones por pagos entre empresas y sanciones retroactivas, han generado incertidumbre y aumentado los costos para las empresas estadounidenses”, aseguró la Cámara de Comercio del vecino país, según refiere el periódico Reforma en su publicación del pasado jueves 30 de octubre del 2025.
También se mostró inconforme la Cámara de Comercio estadounidense de lo que llamó interpretación retroactiva hecha por el SAT, al negar a las aseguradoras la posibilidad de reclamar créditos fiscales por los importes del IVA incluidos en las indemnizaciones pagadas a proveedores externos y que afecta a firmas estadounidenses.
GRANDES BENEFICIADOS
Según reporte de la Secretaría de Hacienda, dado a conocer este lunes 3 de noviembre del 2025 por el periódico La Jornada, en una nota firmada por la reportera Dora Villanueva, prácticamente cuatro de cada 10 pesos que el fisco mexicano reclama corresponden a créditos fiscales de grandes contribuyentes, empresas cuya facturación rebasa mil 500 millones de pesos anuales.
La Secretaría de Hacienda precisó que de los más de 3 billones de pesos en créditos fiscales registrados hasta septiembre del 2025, más de un billón, el 37 por ciento del total, corresponden a grandes corporativos que operan en el país. Los créditos fiscales son los adeudos que según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen los contribuyentes.
Prácticamente dos de cada tres pesos que el SAT reclama en su cartera de créditos fiscales están en litigios, debido a que los contribuyentes interpusieron algún medio de defensa ante el Poder Judicial. En esa cartera se encuentran créditos tan antiguos como los de Grupo Salinas, aseguradoras, y el de la empresa minera First Majestic Silver, sobre el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado viernes 31 de octubre del 2025, en el sentido de que debe pagar 2 mil 869 millones de pesos en impuestos no cubiertos. La minera anunció que promovió un arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
EL DECRETO
El disgusto de las transnacionales estadounidenses está relacionado también con el decreto que firmó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de mayo de 2019, con el propósito de eliminar privilegios fiscales, en el que se compromete a no otorgar, condonaciones, o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales.
Durante la conferencia de prensa, donde se dio a conocer esta información, la entonces Jefa del SAT, Margarita Rios Farjat, informó que, en los últimos dieciocho años se condonaron impuestos por 400 mil 902 millones de pesos (valor actual), a 153 mil 530 contribuyentes, con base en esquemas de condonación de adeudos sobre contribuciones, multas y recargos, distintos a lo que prevé el Código Fiscal de la Federación.
En el periodo 2007-2018, el 54% del monto total de las condonaciones fiscales del sector privado se concentró en 108 contribuyentes, a quienes se les condonaron 213 mil millones de pesos (a valor actual). Ríos-Farjat observó que la tendencia creciente a utilizar la condonación generalizada de impuestos cada seis años, con lo que quedaba en entredicho el principio de política fiscal de reservar esas medidas para casos de urgencia y necesidad, que además contravenía el principio constitucional de que todos contribuyamos a la carga pública de forma proporcional y equitativa.
OTRAS PRESIONES
Líderes de las más influyentes compañías de Estados Unidos pidieron el viernes 31 de octubre del 2025 al gobierno del Presidente Donald Trump renovar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, pero presionar a nuestro país para que las empresas estadounidenses sean protegidas ante lo que denominaron politización del Poder Judicial en México, que pone en riesgo arbitrajes independientes frente a lo que llamaron “caprichos políticos”, refiere una nota publicada el pasado sábado primero de noviembre del 2025 por el periódico Reforma con la firma de José Días Briseño, su corresponsal en Wasington.
Según la información de Reforma, los directivos de las más importantes corporaciones estadounidenses pidieron frenar lo que llamaron discriminación del Gobierno mexicano en los sectores de energía, telecomunicaciones, aviación y servicios de paquetería. En energía, por favorecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad; en telecomunicaciones por privilegiar a Teléfonos de México, de Carlos Slim; en aviación por proteger a la Compañía Mexicana de Aviación y evitar que los servicios de carga puedan hacerse desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como ocurre actualmente.
La información del corresponsal de Reforma en Washington señala que los dirigentes de poderosas empresas estadounidenses consideran que “las recientes reformas judiciales de México, incluyendo los esfuerzos por eliminar a los reguladores independientes, afectarán negativamente el clima de inversión en el País. Bajo estas reformas, México será el único país del mundo donde todos sus jueces serán elegidos por voto popular, lo que genera preocupación de que las disputas entre inversionistas privados y el Gobierno se vean sujetas a consideraciones políticas en lugar del Estado de Derecho”.
¿Cuáles son las reformas constitucionales que más disgusto provocan a los directivos de las grandes corporaciones?
