El pasado 15 de septiembre un ataque militar por parte del ejército de Estados Unidos provocó la muerte de Alejandro Carranza Medina, un pescador colombiano, hecho por el que el Gobierno liderado por Donald Trump fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por familiares del pescador colombiano Alejandro Carranza Medina, quien fue asesinado el pasado 15 de septiembre durante uno de los bombardeos que emprendió el ejército de ese país bajo las órdenes del Presidente Donald Trump. Los deudos de la víctima alegan que el asesinato de éste fue ilegal.
“Esta mañana, por mis Órdenes, las Fuerzas Militares de EU llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos”, anunció Trump ese 15 de septiembre sobre el ataque militar en el que perdió la vida Carranza Medina, quien a decir de sus familiares se dedicaba a la pesca de marlín y atún, información que incluso fue confirmada por el Presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Sin embargo, en ese primer momento, el mandatario estadounidense justificó sus acciones al afirmar que la lancha fue “identificada positivamente en el área de responsabilidad del SOUTHCOM”, por lo que, para apoyar sus dichos, también difundió un video en el que se puede observar el momento en que es impactada una pequeña embarcación.
Desde el pasado mes de septiembre, el Presidente Trump instruyó bombardeos contra embarcaciones presuntamente involucradas en el narcotráfico, las cuales, aseguró, estarían relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua, sin que hasta el momento estas acusaciones estén debidamente sustentadas y confirmadas. Por ello, el 15 de septiembre el propio mandatario confirmó el ataque contra, dijo, embarcaciones de Venezuela por parte del ejército estadounidense en el Caribe.
Aunque hasta ese momento el Pentágono únicamente había confirmado dos ataques de ese tipo, Trump, antes de partir hacia Reino Unido, indicó a la prensa que habían sido tres: "Hemos acabado con tres barcos, de hecho, y no dos". "Han visto dos, pero son tres", reiteró sin dar más detalles. "Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", insistió Trump ante los medios antes de abordar el Marine One.
"Dejen de enviar a miembros del Tren de Aragua a nuestro territorio", expresó en relación con el grupo pandillero, el cual es considerado organización terrorista por Washington desde el pasado mes de febrero, al enfatizar que se trataba de criminales venezolanos.“El ataque se produjo mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales”, dijo.
. @POTUS “This morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a SECOND Kinetic Strike against positively identified, extraordinarily violent drug trafficking cartels and narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. The Strike occurred while these confirmed… pic.twitter.com/KQYiEpqsGb
— DOW Rapid Response (@DOWResponse) September 15, 2025
Sin embargo, el propio Presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se trataba de colombianos e identificó a Carranza Medina como un pescador sin ningún vínculo que lo relacionara con el narcotráfico. “El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar”, sostuvo Petro, quien enfatizó que el Gobierno estadounidense cometió “un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”.
Tras el ataque en el que Carranza Medina, de 42 años de edad, perdió la vida, el Presidente de Colombia se reunió con los deudos del pescador, a la que identificó como “una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente equivocados”, escribió en una publicación de su cuenta de X.
La esposa e hijo de Alejandro, a quien el Gobierno de Estados Unidos acusa de haber robado 200 armas de la fuerza pública en colaboración con organizaciones criminales, relataron que luego de que su familiar salió a pescar, este ya no regresó y después en un video identificaron la embarcación del pescador mientras era bombardeada por un misil estadounidense.
Con la familia, hijos, compañera, del pescador Alejandro Carranza, asesinado con un misil cerca a Santa Marta, Colombia.
Una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente… pic.twitter.com/2JnKIuGqA7
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 8, 2025
Esta es la primera denuncia formal ante un organismo internacional tras la campaña militar que lanzó Trump contra supuestas narcolanchas en el mar caribe y que hasta el momento han dejado, al menos, 80 personas muertas. “El 15 de septiembre de 2025, el ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina”, señala la denuncia publicada por el diario The Guardian.
“El señor Carranza navegaba en el Caribe frente a las costas de Colombia. El señor Carranza murió en el proceso de este bombardeo”, se detalló en el documento presentado por el abogado de derechos humanos Dan Kovalik, quien señaló a Pete Hegseth, Secretario de la Defensa de Estados Unidos como autor del atentado, con base en las declaraciones que este brindó a la prensa.
“Por numerosos informes periodísticos, sabemos que Pete Hegseth, Secretario de Defensa de EU, fue responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todos sus ocupantes. El Secretario Hegseth ha admitido que dio dichas órdenes a pesar de desconocer la identidad de las personas que eran objeto de estos atentados y ejecuciones extrajudiciales”, se puntualizó en el documento.
Asimismo, en la denuncia se subrayó que la conducta del funcionario estadounidense fue ratificada por el propio Trump. “El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ratificado la conducta del Secretario Hegseth descrita en este documento”, por lo que, se advierte, impugnarán “el asesinato de Alejandro”, al que calificaron como ilegal, como una forma de buscar justicia y “reparación para la familia” del pescador.
“Creemos que esta es una forma viable de impugnar el asesinato de Alejandro. Vamos a buscar reparación para la familia. Queremos que se ordene a Estados Unidos que detenga estos ataques a embarcaciones. Puede que sea un primer paso, pero creemos que es un buen primer paso”, destacó el abogado Kovalik.
“Al llevar a cabo este asesinato extrajudicial, Estados Unidos ha violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, se agrega en la denuncia, misma que fue firmada por Katerine Hernández Bernal, esposa de Carranza, y también citada por el diario español El País, en la cual se está acusando al Gobierno estadounidense de violar derechos como el de la vida, a la igualdad y al debido proceso.
BREAKING: Trump has just purposefully murdered more civilians off the coast of Venezuela. pic.twitter.com/ZuxfsvcVSz
— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 14, 2025
Además, en el documento se afirmó que el líder de una asociación de pescadores en Santa Marta, departamento de Magdalena, Colombia, fue testigo del asesinato de Carranza Medina durante los bombardeos militares de Estados Unidos, no obstante, su identidad se mantienen en el anonimato ante las “amenazas de paramilitares” de las que pudiera ser objeto.
Las acciones militares que la Unión Americana ha emprendido en la región del Caribe han sido condenadas por diversos organismos internacionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional han calificado los ataques estadounidense como “ejecuciones extrajudiciales”. Mientras que Volker Türk, jefe de derechos humanos de la ONU, expresó que dichas agresiones “violan el derecho internacional”.
Por su parte, la CIDH manifestó su preocupación por los bombardeos que ha realizado el ejército de Estados Unidos en la región Caribe y el Pacífico Oriental de sudamérica, al señalar que ese país debe “abstenerse de emplear fuerza militar letal en el contexto de operaciones de seguridad pública”, además de garantizar el debido proceso, por lo que las muertes provocadas por estos operativos militares se tienen que investigar con prontitud, imparcialidad e independencia.
