El sector empresarial planteó la necesidad de una estrategia conjunta –sociedad y gobierno– para combatir la inflación, promover la inversión y defender el empleo, con un crecimiento sólido, equitativo y permanente para todos los mexicanos. Para ello propuso una serie de puntos en materia de gasto e inversión.
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Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo/EconomíaHoy).– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso un paquete de medidas de política económica de aplicación inmediata en los ámbitos fiscal, de política monetaria, fomento a la inversión, el empleo y Banca de Desarrollo, luego del anuncio de la nueva política tarifaria de las gasolinas y el diésel, la cual generará una presión adicional sobre la economía interna de México.
En el tema fiscal, gasto e ingresos, la iniciativa privada pidió garantizar un creciente superávit primario. Además, establecer como meta y cumplir con una reducción de la deuda del Gobierno Federal, manteniéndola en niveles menores a 40 por ciento del PIB.
Asimismo, planteó definir un mecanismo para que los ingresos adicionales a los aprobados por el legislativo no se traduzcan en más gasto, sino se destinen a la reducción del déficit.
"[Se debe] racionalizar el ejercicio del gasto y establecer una meta de reducción real con respecto al gasto autorizado para 2017", expuso en un comunicado.
También enfatizó dar prioridad al presupuesto autorizado y, sin incrementar los egresos ni el déficit, canalizar mayores recursos al gasto público en infraestructura. Reducir el gasto en consumo corriente del gobierno y revisar las opciones fiscales para contrarrestar las modificaciones impositivas que pudieran tener lugar en Estados Unidos también son sus propuestas.
En caso de una mayor caída en el PIB, el organismo sugirió accionar un mecanismo de generación de empleo a través de contratación de mano de obra para la construcción de infraestructura por parte del Gobierno Federal, con la participación del sector privado.
Asimismo, demandó establecer mecanismos para evitar un impacto del incremento de la gasolina en transporte público de personas realizado por empresas formales.
En el ámbito de política monetaria, el CCE encabezado por Juan Pablo Castañón pidió mantener la flexibilidad del tipo de cambio y, en la medida necesaria, ajustar la tasa de interés. El excedente de operaciones del Banco de México, añadió, debe ser usado al 100 por ciento para reducir la deuda pública.
Ante la necesidad de acrecentar la inversión nacional y extranjera, agregó, es preciso establecer una política de estímulos fiscales a nuevas inversiones que tenga un efecto inmediato, con el objeto de acelerar la toma de decisiones y así propiciar más empleo y evitar una caída más pronunciada del crecimiento y un avance insuficiente de la masa salarial.
Se recomienda, dijo, valorar mecanismos de depreciación acelerada, o la deducción al 100 por ciento del gasto en inversión, bajo un esquema similar al del IETU, que podría asociarse o condicionarse a la creación de empleos formales. Los incentivos directos son fundamentales.
También se debe diseñar un esquema de incentivos para permitir la repatriación de capitales con un impuesto atractivo, condicionando el beneficio a llevar a cabo una inversión productiva, así como impulsar una campaña profunda y definitiva de simplificación de trámites y regulaciones que liberen carga administrativa a las empresas, permitiendo así la inversión en otros rubros de mayor generación de valor.
Expuso la necesidad de evitar incluir nuevas cargas laborales o administrativas que impliquen mayores costos para la creación de empleos formales, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo pidió dar a conocer de manera inmediata los beneficios de las Zonas Económicas Especiales y establecer un programa de desarrollo de infraestructura en estas regiones con fondos públicos y privados. La Banca de Desarrollo debe tomar medidas para constituirse en un gran disparador de estos proyectos, añadió.
En el tema de Banca de Desarrollo, el CCE propuso garantizar que los créditos privilegien proyectos con mayor creación de empleos y a aquellos cuyo esfuerzo beneficie a empresas que se integren a las cadenas de valor vinculadas a exportaciones.
También subrayó la importancia de considerar la posibilidad de usar recursos ahora destinados a programas sociales de baja rentabilidad para canalizarlos hacia programas de subsidio a las tasas de interés para vivienda media y de interés social. Es factible que el beneficio implique un subsidio temporal de 2 años para nuevas hipotecas.
Finalmente, expuso revisar el esquema de tasas preferenciales, utilizando el costo directo del fondeo con Cetes o con Financiamiento externo y con costos de coberturas, eliminando remanentes que no son justificables para la banca de desarrollo, así como destinar recursos suficientes en proyectos de construcción para empresas nacionales, que permitan compensar el limitado acceso que tienen estas para competir con empresas internacionales en la materia.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Congreso de la Unión que realice ajustes a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para aminorar las afectaciones de la economía familiar por el gasolinazo.
En un comunicado, la Coparmex refirió que "en la determinación de los nuevos precios, nos parece desproporcionado que el Gobierno le traslade toda la carga al consumidor final y que no haya voluntad para revisar esquemas de reducción de cargas fiscales.
"Por ello hacemos un llamado al Congreso de la Unión para la revisión y ajustes pertinentes a la Ley del IEPS, para aminorar las afectaciones y evitar su impacto directo a la economía de los consumidores finales", señaló el sector patronal.
