La demanda del dueño de Grupo Salinas ante instancias internacionales no es inédita: replica la estrategia jurídica del dueño de RCTV, Marcel Granier, enfrentado al chavismo desde 2007.
Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Así como su televisora imita la programación de otras y hasta plagió la serie infantil británica Teletubbies, Ricardo Salinas Pliego no es original ni en su propia defensa: Copió al empresario venezolano Marcel Granier, a quien Hugo Chávez no le renovó la concesión a su empresa Radio Caracas Televisión (RCTV), para demandar al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, como él, alega que se viola su libertad de expresión.
Con esta demanda, presentada el 13 de enero en Washington, Salinas Pliego ha iniciado un nuevo litigio contra el Estado mexicano que, se prevé, durará muchos años, como el pleito legal que inició en 2008 para evitar el pago de impuestos y que, tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de noviembre, ha tenido que comenzar a pagar su multimillonaria deuda.
El caso de su amigo venezolano ilustra la larga batalla que espera a Salinas Pliego contra el Estado mexicano: Tras la decisión del gobierno de Chávez de no renovarle la concesión a RCTV, en 2007, la CIDH aceptó la petición de demanda de Granier por violación del Estado de Venezuela a sus derechos humanos hasta julio de 2011 y, luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia hasta 2015.
Con esta demanda, Salinas Pliego inicia un nuevo y litigio que se prevé dure muchos años, como lo ilustra también el propio caso de Granier: Tras la decisión del gobierno de Chávez de no renovarle la concesión a RCTV, en 2007, la CIDH aceptó la petición de demanda por violación del Estado de Venezuela a sus derechos humanos hasta julio de 2011 y, luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia hasta 2015.
En el caso de Granier, tras ocho años logró su objetivo de que la Corte ordenara al Estado venezolano la devolución de la concesión de su televisora y de sus activos, pero con Salinas Pliego no queda claro si su propósito es sólo que se acredite que se han violado sus derechos humanos o que también le sean devueltos los multimillonarios impuestos que está en curso de pagar, que fue lo que motivó su demanda.
“Yo no quiero que México termine en el fondo del fango como Venezuela”, escribió Salinas Pliego en sus redes sociales, el 20 de enero, cuando compartió el fragmento de una entrevista de su “amigo” Granier con Carlos Andrés Pérez, en 1998, en la que el expresidente depuesto por corrupción advirtió que Chávez llevaría a su país a una dictadura.
Les quiero compartir una terrible predicción que ya se cumplió.
Les dejo la entrevista a CAP mi amigo Marcel Granier, entonces dueño de Radio Caracas Televisión, la más influyente de la época y quien ahora vive exiliado en México porque no puedo seguir viviendo en la dictadura… https://t.co/VUlnpGpLLE
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 20, 2026
Y es que una semana antes de compartir esta entrevista de Granier, “quien ahora vive exiliado en México porque no puedo seguir viviendo en la dictadura chavista venezolana” —en realidad ese empresario reside en Europa—, Salinas Pliego presentó en Washington su demanda ante la CIDH contra el Estado mexicano, con los mismos argumentos de violación a la libertad de expresión que hizo el empresario venezolano y a quien ese organismo —y luego la Corte— le dio la razón.
En efecto, aunque este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) no defiende empresas, la CIDH concluyó que la decisión del gobierno de Chávez de no renovar la concesión del canal RCTV, tomada el 28 de mayo de 2007, afectó la libertad de expresión de sus accionistas, directivos y periodistas, entre ellos Granier, según la resolución que emitió el 22 de julio de 2011:
“La Comisión concluyó que el Estado venezolano incumplió las obligaciones sustantivas y procesales que tenía en materia de asignación y renovación de concesiones. Según la Comisión, el caso se enmarcaría en un contexto de inseguridad jurídica para la estación que no tenía claridad sobre el marco legal aplicable a su concesión, situación que resultaría incompatible con la obligación estatal de establecer un proceso de renovación de las concesiones estrictamente regulado por la ley”.
La CIDH remitió el expediente a la Corte que, tras escuchar los argumentos de las partes, emitió su resolución hasta 2015, cuando resolvió que el Estado venezolano atentó contra la libre circulación de ideas de Granier y sus socios en RCTV y le ordenó restablecer la concesión y sus activos, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Salinas Pliego, quien tiene vigentes las concesiones de televisión hasta el 2042, exige a la CIDH “que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición que restauren la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en nuestro país”.
Grupo Salinas, que preside Salinas Pliego, no hizo público el documento de más de cien páginas que entregó a la CIDH y sólo informó en un comunicado que denuncia presentada “señala la persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada, destinada a restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público, todo en clara violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El comunicado de Grupo Salinas detalla también la entrevista que Salinas Pliego tuvo, en Washington, con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
“En la conversación se detallaron las diversas herramientas de represalia utilizadas como criminalización de la crítica: Se documentó cómo el Estado utiliza los medios de comunicación y vocerías oficiales para dañar la reputación del señor Salinas Pliego y sus empresas con el objetivo de silenciar la disidencia. Ejemplo de ellos (sic) son las +300 (sic) conferencias matutinas dedicadas a sus asuntos.
La defensa de la libertad en México y el continente americano es responsabilidad de todos.
Hoy, en la sede la @OEA_oficial, nuestro presidente, @RicardoBSalinas sostuvo una reunión con @PVacaV, relator especial para la Libertad de Expresión de ese organismo, en la que presentó… pic.twitter.com/6hMrcvRwtQ
— Grupo Salinas (@gruposalinas) January 13, 2026
“Hostigamiento administrativo: Las empresas de Grupo Salinas han sido objeto de auditorías excesivas por parte de todo el aparato institucional del Estado, duplicándose en las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum respecto a periodos anteriores.
“Captura del Poder Judicial: El documento advierte que la reciente reforma judicial en México ha erosionado la independencia de los tribunales, dejando a los ciudadanos sin acceso a una justicia imparcial frente a los abusos del Ejecutivo.
“Uso político del aparato fiscal: Salinas Pliego expuso que, a pesar de su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado ha respondido con negativas y trato discriminatorio, evidenciando un fin coercitivo y no recaudatorio”.
Esta demanda de Salinas Pliego, presentada el 13 de enero, inicia un camino de años, porque el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA tiene varias fases: Se inicia con la petición ante la CIDH por violaciones de un Estado miembro y esta instancia evalúa si la petición cumple con todos los requisitos, incluido si se agotaron los recursos jurídicos en el país.
Luego, si es admitida la denuncia, la CIDH analiza si hubo efectivamente violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y emite un informe con sus conclusiones y recomendaciones al Estado para reparar las violaciones.
Si las partes nos llegar a un solución amistosa, entonces se inicia una fase contenciosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que analiza el caso con sus argumentos y emite una sentencia, cuyo cumplimiento del Estado debe estar bajo supervisión.
En el caso de Granier, amigo de Salinas Pliego, se llevó ocho años hasta la emisión de la sentencia y ésta, 11 años después, todavía no se cumple.
Para denunciar al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por supuesta persecución política en su contra, copió los argumentos del empresario venezolano Marcel Granier, a quien Hugo Chávez no le renovó en 2007 la concesión a su empresa Radio Caracas Televisión y adujo, como lo hace el mexicano, que esa decisión violó su libertad de expresión.
Aunque la CIDH no recibe peticiones de empresas, sino de personas, Salinas Pliego ha emprendido un largo litigio
