Durante el primer Parlamento Abierto sobre la Ley de Amparo, organizaciones coincidieron en que ésta conlleva aciertos que permitirían acelerar sentencias y evitar la prolongación de procesos judiciales de manera indefinida; no obstante, las modificaciones también representan riesgos para sectores vulnerables.
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Representantes de organizaciones civiles como Artículo 19, Greenpeace, Prodesc, Fundar y demás coincidieron en que la iniciativa presidencial que propone reformar la Ley de Amparo busca agilizar el procedimiento y la emisión de sentencias, pero sería un retroceso en el acceso a los derechos humanos si restringe la figura de “interés legítimo”, la cual ha permitido a comunidades indígenas, agrarias y colectivos de trabajadores el acceder a la justicia.
El juicio de amparo busca detener actos de autoridad que vulneran derechos al medio ambiente, al territorio, al agua, a la salud, pero para que una persona o un colectivo pueda acceder a esta protección jurídica (suspensión y luego amparo) debe acreditar un interés: el jurídico (afectación directa), legítimo (afectación indirecta) o simple (sin afectación).
La iniciativa plantea reformar el artículo 5 de la Ley de Amparo para que el “interés legítimo” solo se configure ante una lesión real, actual y diferenciada, y no ante una afectación hipotética, lo que, dijeron los participantes de la audiencia pública, haría que no se reconociera el “interés legítimo” de comunidades o colectivos representados por organizaciones civiles.
Es decir, para evitar casos en que organizaciones jurídicas como la de Claudio X. González se amparen contra megaproyectos o reformas del Gobierno de la 4T como el Tren Maya, Dos Bocas o el AIFA, dejaría en la indefensión a quienes no tienen recursos para acceder a una defensa privada y son representados por organizaciones civiles.
🔴 Parlamento Abierto: Reforma a la Ley de Amparo, del 29 de septiembre de 2025. https://t.co/uj2WKNSGp3
— Senado de México (@senadomexicano) September 29, 2025
La presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina dijo que limitar “el interés legítimo”, como lo propone la reforma a la Ley de Amparo enviada al Congreso, quitaría a los grupos vulnerables la oportunidad de ampararse contra hechos que lesionan derechos colectivos como el medio ambiente, la salud, el patrimonio cultural y el acceso al agua.
“Limitar ahora el amparo sólo a quienes demuestren un ‘interés directo’ sería un retroceso de más de una década (desde la reforma de DDHH de 2011)”, afirmó la Magistrada durante la primera audiencia pública sobre la reforma a la Ley de Amparo realizada en la Cámara de Senadores.
Guillermo Torres, de la organización PRODESC que ha apoyado a comunidades agrarias e indígenas a ampararse contra megaproyectos, compartió que gracias a la figura de “interés legítimo” desde 2018 han acompañado el litigio de una comunidad zapoteca contra la operación de un parque eólico de una empresa francesa en el Istmo de Tehuantepec, por lo que en 2022 las autoridades determinaron la inviabilidad del proyecto energético.
“La comunidad no tuvo participación en ninguno de los procesos de evaluación de impacto social y ambiental, y pudo iniciar un proceso de litigio que llevó a la obtención de una sentencia que obligó a la Secretaría de Energía a desarrollar un proceso de consulta sujeto a los estándares internacionales”, expuso Torres en la audiencia pública.
Torres explicó que la iniciativa enviada por la Presidencia de la República sustituye la figura de “interés legítimo” por “lesión jurídica”, lo que tiene muchas implicaciones porque casos como el de la comunidad zapoteca no hubieran sido posible bajo ese nuevo estándar, ya que gran parte de los litigios en materia de derechos humanos se centran en procedimientos administrativos (materia ambiental, minera, agua) donde las comunidades afectadas solo son consideradas como terceros (no afectados directos).
Antes, algunos empresarios usaban el amparo para evitar pagar impuestos durante años.
La nueva Ley de Amparo busca corregir esos abusos y recuperar su esencia: ser una herramienta para proteger los derechos de las y los ciudadanos. pic.twitter.com/X3ScOSkZiT
— Arturo Ávila. (@arturoavila_mx) September 29, 2025
“No podrían alegar una ‘lesión jurídica’ porque ellos no promovieron estos procedimientos de los cuales se están derivando decisiones que son susceptibles de afectar sus tierras, sus territorios y sus bienes naturales”, agregó.
Victoria Beltrán, consultora legal de la organización ambiental Greenpeace México, afirmó que de por sí ha sido complicado que se abra la puerta del juicio de amparo para las comunidades, por lo que expuso que el “interés legítimo” no debe restringirse porque con el “interés jurídico (directo)” la puerta está cerrada, y solo la puede abrir quien tiene la llave, y con el “interés legítimo” la puerta ha estado entreabierta.
“Legislar restringiendo (el interés legítimo) a fin de que a mar revuelto, ganancia de pescadores, no, así no. Estancar (la figura), alterar sus componentes es algo que se debe ver con mucha responsabilidad, no vaya ser que por purificarlo tanto se le contamine, se le envenene y termine por ser agua muerta”, dijo la activista.
Desde la defensa de la libertad de expresión y acceso a la información, Luis Eduardo Knapp de Artículo 19, aseveró que el juicio de amparo ha sido una herramienta fundamental para personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y colectivos con el que se han logrado avances desde la reforma de 2011-2013 sobre derechos humanos y amparo, por lo que también les preocupa el tema de cambios en la suspensión y cumplimiento de las sentencias.
La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo plantea que una autoridad pueda excusarse en el cumplimiento de una sentencia si alega “imposibilidad material o jurídica”.
La modificación abre un riesgo serio: el cumplimiento del amparo dejaría de ser una obligación plena y pasaría… pic.twitter.com/TeeMUPHyWV
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) September 28, 2025
Por ejemplo, con el amparo la organización Artículo 19 logró que el Congreso emitiera la ley que regula la publicidad oficial para evitar arbitrariedades en la designación de propaganda y no caer en el “no te pago para que me pegues”.
“Nos vienen con esta propuesta que retrocede totalmente y va en contra de lo que ha dicho la Corte en estos años, es un retroceso de más de 100 años que se está dinamitando en solo 10 años en que sí han habido avances fundamentales. Esta reforma, de aprobarse, estaría violando obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano como la garantía del derecho al recurso judicial efectivo e idóneo”, afirmó.
En tanto, Humberto Guerrero de FUNDAR, dijo que también han usado el amparo para que personas y comunidades se protejan en temas sobre acceso a la información, desaparición o megaproyectos, por lo que cuestionó que esta reforma a la Ley de Amparo se deriva de casos extremos.
“Se trata de legislar desde los casos extremos. Como si el Estado fuera víctima de un grupo de personas que reiterada y sistemáticamente abusan del juicio de amparo para beneficiarse (...) Esa no es la regla general, la regla general es que el Estado sigue teniendo un ámbito de poder muy amplio para lo cual es necesario un juicio de amparo fortalecido”, dijo Guerrero.
¡Combatamos las falsas narrativas!
Escucha a nuestra compañera diputada @vianeygarciar_ reflexionar en torno a la discusión sobre la reforma a la Ley de Amparo y la postura indefendible de la oposición.
¡Lo que les preocupa es que se les cobren impuestos a deudores descarados… pic.twitter.com/GxiY1xhobV
— Morena (@PartidoMorenaMx) September 28, 2025
